El nuevo Gobierno

Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, los resultados electorales del 28 de abril del 2019 no permitieron formar gobierno por el antagonismo entre Pedro Sánchez y Albert Ribera derivado de las críticas de Ciudadanos a la tesis doctoral del primero.

Los resultados de la cita electoral del 10 de noviembre han permitido la formación del nuevo Gobierno Sánchez, con 22 ministros, que juró ante el Rey en el palacio de la Zarzuela el pasado 13 de enero celebrando, ya, su primer Consejo de Ministros al día siguiente, el martes 14.

Europa y la globalización limitan el margen de actuación del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos

Tras el bronco y maleducado debate de investidura en el Congreso de los Diputados, con acusaciones sobre un preten­dido chavismo bolivariano del nuevo ejecutivo de coalición, ya tenemos, pues, Gobierno ­legítimo, aunque la investidura se haya producido en segunda vuelta y con sólo dos votos de diferencia entre partidarios y oponentes al bloque del PSOE y Unidas Podemos, lo cual augura que el nuevo Gabinete no tendrá fácil su labor legislativa en estos próximos tiempos.

Dicho esto, entramos en una fase en que el nuevo Gobierno de Sánchez deberá intentar oír las demandas de gasto público y subvenciones que los mi­nistros de Unidas Podemos y hasta el sector comunista del equipo han venido propug­nando como herederos del movimiento populista 15-M, pero no parece que todas estas demandas vayan a poder ser atendidas teniendo en cuenta la situación de las cuentas públicas y el nivel actual de endeudamiento de casi el 100% del PIB, tanto por lo que respecta a las actuaciones del Gobierno central, como a la Seguridad Social, los gobiernos de las comunidades autónomas y los gobiernos locales.

Confiemos en que el nuevo Gobierno de España no deba hacer frente a situaciones internacionales excepcionales que hagan aun más compli- ­cado mantener los ya difíciles equi­librios que va a tener que ­man­tener entre quienes quieren ­aumentar el gasto público y los impuestos y quienes creen que la moderación debe im­ponerse del lado del gasto.

La pertenencia a entidades supranacionales siempre ha sido importante para la gestión económica de los nuevos gobiernos. El acceso al Fondo Monetario Internacional con el Plan de Estabilización de 1959 obligó a medidas equilibradoras que, aunque luego se fueron degradando tras, sobre todo, la crisis del petróleo, obligaron a guardar cordura hasta la formalización de los pactos de la Moncloa de octubre de 1977.

Ahora es la pertenencia a la Unión Europea y a su zona euro la que va a poner restricciones a la autonomía del nuevo Gobierno progresista a gastar y a dar subvenciones teniendo en cuenta que la deuda externa que renovar este año ya alcanza los 200.000 millones de euros y que sólo es sostenible mientras no suban los bajísimos tipos de interés mundiales actuales y no se adopten medidas que asusten a los mercados haciendo subir la prima de riesgo.

Europa y la globalización limitan, pues, las posibilidades de actuación del nuevo Gobierno que todos debemos confiar en que encauce la gobernanza de forma razonable.