Cuadernos del Sur

La guerra (financiera) de Andalucía

Las posiciones, en política, son relativas. Igual que en el ajedrez, donde las piezas de cada uno de los ejércitos avanzan o retroceden según sea la posición del contrario y la conveniencia de cada instante. En el damero del poder, la supervivencia vale mucho más que la coherencia. Así se explica la conversión entrecruzada que los dos grandes bloques políticos en Andalucía –las derechas del tripartito y las izquierdas (desunidas) que forman el PSOE, Podemos e IU– viven desde las vísperas de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

PP, Cs y Vox se han pasado al andalucismo feroz, aunque los ultramontanos, más que las tradicionales enseñas verdes y blancas, agitan la bandera de España. Los socialistas, tras cuatro largas décadas de patrimonializar (a su favor) los sentimientos y las instituciones autonómicas, callan y otorgan una confianza ciega al experimento del nuevo Gobierno, donde –lo dicen con ánimo de tranquilizarse sobre todo a sí mismos– “hay cinco ministros del Sur”. Podemos e IU, unidos en la marca Adelante Andalucía, tienen una posición confusa: reclaman la atención del Ejecutivo para atender los problemas regionales pero centran todas sus críticas en el Gobierno andaluz. Una paradoja que únicamente puede explicarse por su incapacidad para fabricar nuevos argumentarios y por la crisis interna que vive la formación que dirige Teresa Rodríguez, que ha quedado políticamente aislada –la líder de Adelante Andalucía es de la corriente anticapitalista y no era partidaria de que Podemos entrara en un gobierno con los socialistas– y a la que ahora le mueven la silla los militantes más ortodoxos de Podemos.

El escenario político andaluz, en estos momentos, es una estructura de vasos comunicantes en la que el mensaje autonomista pasa de un extremo del arco parlamentario al opuesto, sin quedarse quieto en ningún sitio. En apariencia, la situación debería ser distinta, ya que desde hace más de un año existía un consenso entre las fuerzas parlamentarias para reclamar a la Moncloa recursos económicos y un trato político equiparable al que Sánchez ha otorgado a los nacionalistas, pero los factores orgánicos –en el caso del PSOE– y el interés electoral inmediato –si nos referimos de las derechas– han hecho que dicho acuerdo esté ahora mismo desdibujado. Los socialistas han arriado, metafóricamente, la bandera de Andalucía para mantener la pax armada acordada entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en mayo. Las derechas, en cambio, han descubierto que una súbita conversión andalucista les permite desgastar aún más a la jefa de los socialistas y reivindicarse como “dique” ante el nuevo Gobierno.

El escenario político andaluz, en estos momentos, es una estructura de vasos comunicantes en la que el mensaje autonomista pasa de un extremo del arco parlamentario al opuesto, sin quedarse quieto en ningún sitio

Moreno Bonilla, que desde que llegó al Quirinale de San Telmo no ha sido recibido por el presidente del Gobierno, mantiene una actitud dual. Por un lado, intenta sacar partido del factor institucional; por otro, intensifica los mensajes de agravio del nuevo Gobierno en relación a Andalucía. La primera parte de la estrategia tiene lógica: es una anomalía que Sánchez apenas haya mantenido con el presidente de la Junta una llamada telefónica a cuenta de la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, que PP y Cs consideran un “155 encubierto”. La segunda, a largo plazo, es una senda peligrosa, porque si no hay un acuerdo financiero pronto –la negociación depende de la ministra Montero, que fue reprobada por el Parlamento andaluz a instancias de las derechas– la gestión de los servicios públicos esenciales –sanidad, educación y dependencia– puede verse deteriorada y, a la larga, aunque desde San Telmo se culpe a Moncloa de hipotéticos recortes, afectar también a la Junta.

La negociación preferente con los independentistas catalanes, vascos y gallegos, rubricada en el pacto de investidura, causa alarma en el Sur. Los motivos son históricos: el modelo financiero regional que en 2009 Zapatero pactó con ERC, cuando existía el tripartito catalán, significó un déficit financiero del orden de los 4.000 millones de euros anuales. Una cantidad más que notable para una región mucho mayor que Cataluña y Euskadi y que, a excepción de Valencia, es la que actualmente cuenta con menos recursos para atender a su población. Estos números no son de las derechas: los calculó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su etapa como consejera de Susana Díaz, antes de saltar al consejo de ministros.

La situación se ha enquistado desde 2014, cuando caducó el sistema de financiación autonómica vigente. Afecta, por supuesto, a todas las autonomías, pero desde la óptica de la Junta –antes en manos de los socialistas, desde hace un año gobernada por el tripartito– supone una descompensación en relación al trato económico que recibe la Generalitat. De ahí las prevenciones, cuando no la oposición frontal, que despiertan las negociaciones acordadas por Sánchez con ERC, PNV y el BNG. La Andalucía oficial cree que el nuevo eje de poder territorial, formado por los socialistas, Podemos-IU y los nacionalistas, juega en su contra.